El Diario Montañés, 11 de febrero de 2026
La llamada
‘Economía de Datos’ representa «un nuevo modelo económico en el que los datos
se consideran un activo valioso». Todos hemos comprobado cómo nuestros
movimientos por la red derivan hacia intereses comerciales; basta, por ejemplo,
que miremos información sobre un mueble, para recibir al momento múltiples
ofertas similares. En España esa
economía avanza hacia el 5% del PIB, es decir, 79.500 millones de euros, una
cifra nada desdeñable.
Estos
días está habiendo un debate muy sensible en Cantabria. El proyecto Cohorte
Cantabria, que ha logrado reunir los datos biomédicos y biográficos de más de
50.000 ciudadanos con el objetivo de impulsar la Medicina de Precisión, ha
visto tambalear su credibilidad. La sospecha de que los datos recogidos puedan
ser vendidos al mejor postor ha sobrevolado el Parlamento y la prensa
regionales. De hecho, el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla
(IDIVAL) recibió en 2025 una subvención de 1,7 millones de euros para poner en
marcha el proyecto VALDATA, cuya finalidad es «facilitar el uso secundario y la
transferencia a mercado […] de los datos sanitarios para un conjunto de
finalidades adicionales a la propia prestación sanitaria al usuario». Que
además el programa se subtitule «Cantabria hacia una Economía de Datos en
Salud», resulta inquietante.
Es
evidente que realizar más de 50.000 analíticas tiene un coste enorme. Por eso,
que exista un modelo de retorno económico no debería sorprendernos, ya que es
algo habitual en proyectos científicos, que no pueden vivir tan solo del
prestigio que proporcionan los artículos en publicaciones especializadas. El
problema no es la existencia de ese retorno, sino la falta de transparencia. Necesitamos
saber con claridad que su uso será solamente científico, que el anonimato estará
garantizado y, sobre todo, que conoceremos quién se beneficiará de la
explotación de esos datos.
Solo
así la eventual venta resultará doblemente saludable.






