El Diario Montañés, 17 de febrero de 2021
El
patrimonio de Cantabria es noticia. Casi parecía anecdótico lo de las baldosas
de la calle Cántabra en Potes –porque el asunto puede tener marcha atrás–,
cuando tuvimos conocimiento del derribo del ala oeste del palacio de Chiloeches,
en Santoña, que según los tribunales «carece de valor histórico». Para colmo, hemos
tenido noticia del soplao que ha surgido próximo a la cueva del Juyo, en
Igollo, santuario con miles de años de antigüedad. Es significativo que los
tres casos tengan el denominador común de la realización de obras y que, al
parecer, en dos de ellos se llevasen a cabo sin los permisos necesarios. Es esa
costumbre tan española de hacer las cosas porque sí, nuestra particular manera
de demostrar poder, incluso desde el nivel de una pedanía. («¡Qué corra el
escalafón!», exclamó un monaguillo cuando murió el papa).
Francis
Bacon señaló que a la naturaleza solo se le vence obedeciéndola. Por eso es peligroso
desviar cauces o realizar rellenos sin antes hacer estudios que excluyan riesgos
posteriores. El problema surge cuando se desconfía de quien hace tales
estudios. Si nos dejamos llevar por las declaraciones del juez vasco Luis Ángel
Garrido, cualquiera puede ser experto en algo, pues ha manifestado que a un
médico de cabecera le serviría un cursillo para ser considerado epidemiólogo. Por
eso él, que, aunque juez, aparenta ser perito en bares, ha decidido que deben
abrirse, pues nadie, dice, puede asegurar la relación entre la apertura y los
contagios.
Este
juez y aquellos pedáneos me recuerdan a unos paisanos que se enzarzaron en un
bar discutiendo si era más difícil hablar en francés o en inglés. Ellos, que apenas
sabían expresarse en castellano.
Qué abusivos
se muestran algunos en sus cargos. Lástima que no tenga espacio para hablar de
los dos policías de Linares.
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