El Diario Montañés, 6 de diciembre de 2023
El 6
de diciembre de 1978, hace cuarenta y cinco años, según las crónicas llovía. Los
españoles estábamos llamados a un referéndum que refrendara el proyecto de
Constitución. Eran días de esperanza. Algunos habíamos analizado su contenido
con sumo interés –se imprimieron nueve millones de ejemplares en las cuatro
lenguas del Estado–. Queríamos comprobar si de sus artículos podría nacer un tiempo
nuevo que dejara atrás el régimen anterior. Y la respaldamos mayoritariamente.
Ese
mismo año, el 31 de octubre, el Congreso de los Diputados había aprobado el
texto constitucional con el resultado que se recoge en el Diario de Sesiones: «votos
emitidos, 345; favorables, 326; en contra, 6; abstenciones, 13». De los dieciséis
diputados que tenía Alianza Popular (sus nombres y sus votos pueden cotejarse en
ese Diario de Sesiones), ocho votaron a favor, cinco en contra (el sexto voto
negativo fue de Euskadiko Ezquerra) y tres se abstuvieron. Ahora, el Partido Popular,
su heredero, se declara el más constitucionalista. Bienvenido. Pero no debemos
olvidar sus dudas de entonces, cuando la junta nacional del partido conservador
tuvo que «recomendar» a los suyos «el voto favorable», en una reunión «tensa»
tras la que «no descartaban, incluso, una ruptura». El propio Aznar no tuvo
reparos en dejar clara su oposición en la prensa: «tal como está redactada»,
decía, entre otras cosas, «no sabemos si nuestra economía va a ser de libre
mercado o si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queramos dar a
nuestros hijos…». Y en mayo de 1979 llegó a anunciar «vientos de revancha»,
porque «las calles dedicadas a Franco y a José Antonio lo estarán a partir de
ahora a la Constitución».
Rectificar
es muy loable, sí, pero ahora no deberían hacerse dueños de la Constitución.
Tampoco de la bandera. Porque ambas son de todos.
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