El Diario Montañés, 4 de febrero de 2015
José Carlos
Gómez Sal, rector de la Universidad de Cantabria, lleva tres años reclamándole
más dinero al gobierno regional para mantener el normal funcionamiento de la
institución. Aprovechando los actos del día de Santo Tomás de Aquino, ha vuelto
a insistir y le ha pedido a Ignacio Diego que «concrete la ampliación de crédito prevista para la institución académica en los
presupuestos generales, con el fin de evitar la entrada en el club del déficit
estructural». Diego, de
nuevo, ha respondido con evasivas poéticas (¿quién escribe sus discursos?),
manifestando la esperanza de que el cambio en la tendencia económica que ha
impulsado su gobierno no sólo «irá dando color y calor a la economía privada, sino
también a la pública». Bien largo nos lo fía. Si algún día llegan a la universidad
el color y el calor prometidos, es posible que vengan de la mano de otros
colores políticos, porque de los actuales sabemos que no se puede esperar mucho
calor en el ámbito de lo público.
Para echarle más
leña al fuego del descontento universitario, el ministro Wert se empeña, ahora
que está terminando la legislatura, en sacar adelante una ley que, aunque
equipara la duración de los grados con Europa y deja que cada universidad elija
su desarrollo en tres o cuatro años –complementándolos después con uno o dos más de másteres–, ha encabritado a casi todos. A los
rectores, porque no creen que éste sea el momento de aplicarla y han decidido
no ponerla en marcha hasta 2017. A los estudiantes y a los sindicatos, porque
consideran que se rebaja la calidad de los estudios, se aumenta el coste para
las familias y se pone en peligro la igualdad de oportunidades.
Si estrangulamos
económicamente a la universidad, si recortamos el gasto en becas, si aumentamos
la importancia de los másteres en detrimento de los cursos, le estamos poniendo
todas las trabas imaginables a los estudiantes menos pudientes. Una forma muy evidente
de fomentar la desigualdad social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario