El Diario Montañés, 6 de noviembre de 2013
Cuando
la crisis y el paro acucian, la gente suele prepararse en espera de que las
condiciones mejoren. Una de las mayores demandas para esa preparación es la del
aprendizaje de idiomas. Su dominio resulta condición casi indispensable para
acceder a un puesto de trabajo (no digamos nada si es fuera de España).
Ahora
hemos sabido que el consejero Serna, adalid del apoyo al inglés en otros
ámbitos, «intenta evitar el colapso de las Escuelas de Idiomas de Santander y
Torrelavega con una tasa disuasoria». (Esto de la «tasa disuasoria» es una
letanía que se repite mucho en los últimos tiempos, y se está aplicando con
especial empeño en educación, sanidad y justicia, pilares básicos del sistema
democrático: el euro por receta también se nos vendió como «disuasorio», y con
un «pago disuasorio» se pretende que la gente que «litiga por litigar» se lo
piense bien antes de hacerlo).
Aprovechando
esta crisis –que nos dicen que ya se acaba– el gobierno ha ido implantando con
rigurosa precisión su política de «lo disuasorio», desde la sospecha de que el
ciudadano, cuando hace uso de sus derechos, roza siempre el límite del abuso. Y
como las palabras son armas poderosas, utilizándolas con significado distinto al de su etimología pretenden que confundamos imposición con disuasión. La Real Academia
Española de la Lengua dice que «disuadir» es «inducir, mover a alguien con
razones a mudar de dictamen o a desistir de un propósito». La disuasión, pues,
se basa en la sola fuerza de la razón. La pena es que estos dirigentes no
parecen conocer otra razón que la del dinero, con lo que los perjudicados siempre
son los más débiles, y la beneficiada la propia administración, que, además de
quitarse los problemas, recauda dinero fácil.
Conocíamos
esta semana que Cantabria es la región española donde más se ven los plumeros
invasores por la gran superficie que colonizan. Medidas como ésta hacen que
también se haga muy evidente el verdadero plumero del gobierno.
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