El Diario Montañés, 8 de julio de 2012
La sección primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una pena de dieciocho meses de prisión a un cliente de un hotel por un delito de estafa. Según los hechos probados, en agosto de 2009 se alojó durante ocho días en el establecimiento y se marchó sin pagar. Además, la sentencia le condena a indemnizar al hotel en la cantidad adeudada
–560,16 euros– más los intereses correspondientes.
Marcharse sin pagar, si nos atenemos a este fallo, no es rentable, aunque el acusado dudara sobre el particular, ya que era reincidente. Para disipar sus dudas debería haberse mirado en el espejo de Carlos Dívar, que en sus viajes privados pagó siempre las habitaciones y todos los gastos derivados con puntual religiosidad; eso sí, con un dinero que inexplicablemente no tenía que justificar. Él también, a su manera, era un reincidente. Necesitado de descanso por la dureza de su profesión, hizo frecuentes escapadas de fin de semana a hoteles de las mejores zonas turísticas de España, acompañado por su séquito de seguridad.
No fue la Justicia, sino la corriente de opinión auspiciada por la denuncia de la prensa, la que forzó su dimisión, por lo que los ciudadanos no pudimos saber si la dama ciega, en una hipotética sentencia, habría pedido que devolviera lo gastado, aunque fuera sin intereses. La mayoría mantiene la duda de que, ante ciertos acusados, la gran señora permanezca imparcial sin inclinar la balanza del lado de los poderosos.
Acaso por dudas similares, o por otras razones que se nos ocultan, nuestro presidente, Ignacio Diego, ha decidido no trasladar a la Fiscalía los famosos «veinte charcos» del gobierno anterior, que han lastrado al suyo con la «herencia recibida». Su otrora actitud de acusaciones y amenazas se ha ido disipando hasta resolverse en humo.
El radical giro de su postura bien pudiera merecer las palabras del famoso verso cervantino: «miró al soslayo, fuese, y no hubo nada».
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